Cuando los Estados Unidos de Norteamérica forzaron para meter a nuestro país en el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) muchas personas dimos charlas explicando su inconveniencia para los intereses nacionales. Hicimos hincapié en los temas más gruesos, como la obligatoria privatización de la educación y de la salud; explicamos que significaba subordinación económica, problemas sociales como desocupación, trabajo precario y pobreza; depredación del medio ambiente, alineamiento militar, bases y tropas en nuestro territorio, etcétera. También mencionamos un concepto algo más vaporoso: el sometimiento del país a los tribunales internacionales en caso de conflicto con las empresas extranjeras. Ya el presidente –dos veces votado masivamente- Carlos S. Menem se había encargado de someter nuestra soberanía a esos tribunales extranjeros en el caso de las empresas privatizadas, a tal punto que somos el país que más juicios pendientes tiene en tribunales extranjeros. Según Guillermo Sullings, economista y vocero del Movimiento Humanista, “hay 42 arbitrajes pendientes de resolución en contra de Argentina, y en el caso de resultados desfavorables se deberá pagar en total la suma de 10.000 millones de pesos, aproximadamente. Hasta ahora en todas las ocasiones donde ha actuado el CIADI los dictámenes fueron desfavorables para los estados, excepto uno donde el que ganó, casualmente, fue EEUU.” No properó el ALCA, que quería ir más allá, pero igualmente estamos entrampados.
¿Cómo funciona esto? No es difícil de entender y, como ven, nos afecta a todos. El gobierno privatiza el agua, por ejemplo, y nos encontramos con que, además de que el precio de venta de la empresa estatal es vil, el servicio se encarece para la población, los nuevos dueños no cumplen sus compromisos de inversión para mejorar el servicio, echan a los empleados, maltratan a la gente…etcétera y, ante la reacción popular, el Estado tiene que recuperarlas. En esos casos, las empresas van al Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi) y presentan una demanda millonaria en dólares en contra de la República Argentina (recodemos que cuando se trata de pagar la República Argentina somos todos). Un “detalle” a tener en cuenta es que los jueces del Ciadi son funcionarios del Banco Mundial y muchas veces vinculados a las empresas.
Miren lo que pasó con el agua en Tucumán: pasó lo que hemos descrito como mecánica general, el gobierno provincial echó a la empresa extranjera y ésta lo demandó. El 20 de agosto de 2007 -lo leimos en La Gaceta- el Ciadi estableció que Argentina debe pagar a la compañía Aguas del Aconquija una indemnización de U$S 170 millones -incluyendo intereses- por la rescisión del contrato para la provisión del servicio de agua potable y cloacas en Tucumán. La Argentina ha pedido la anulación del fallo precisamente porque hay fundadas dudas sobre la imparcialidad de uno de los árbitros que integró el tribunal a causa de su vinculación a una compañía que es accionista del Grupo Vivendi Universal (la parte contraria a nuestro país). Sería la suiza Gabrielle Kaufmman-Kohler. Los otros dos jueces fueron el canadiense William Rowley (presidente) y el mexicano Carlos Bernal Verea.
Amigos, para no abusar de su tiempo, y para no enfatizar, les sugerimos informarse.
En Buenos Aires, Argentina, mañana jueves a las 19 hs. en el Centro Cultural “Floreal Gorini”, Avenida Corrientes 1543, 3er. piso, se realizará la conferencia: “Bolivia enfrenta a las multinacionales, la trampa del CIADI en Latinoamérica”. El encargado de la exposición será Guillermo Sullings.
Antes de la conferencia se proyectará un breve video con una parte del discurso con el que Evo Morales abrió el Foro Humanista Latinoamericano, realizado en La Paz en el mes de noviembre de 2007.
Están invitados. Ahí podemos conversar personalmente sobre éste y otros temas.