Por: Luis Ammann
El ejercicio del poder desgasta por muchas razones. Principalmente porque las mentiras -perdón: promesas- que se dijeron durante la campaña electoral no se cumplen. Otro factor es que resulta evidente que la muletilla “gobernaremos para todos” es una falacia. Los políticos tradicionales no se atreven, en su afán por ganar las elecciones, a decir quien es el actor social que será priorizado en la acción de gobierno.
Entonces, a medida que el tiempo pasa, el incumplimiento de las promesas electorales o la claridad de los hechos que ponen en primer plano a quienes son los privilegiados por el poder, hace que la oposición suba y la imagen positiva baje. Ni hablar de lo que pasa cuando, además de no cumplir y de poner por encima de las mayorías a un sector, los actos de gobierno son desacertados y ocasionan daños. “Desgaste”, “caída de la imagen”, “descenso de la popularidad” son las calificaciones que se les endilga a los políticos en ejercicio de una función pública.
Por eso, la oposición suele pedir -cuando las Constituciones lo permiten- la revocatoria del mandato del presidente o del gobernador; de las cabezas de los ejecutivos en general, más allá de la denominación que les quepa. En Bolivia hablamos del Presidente y de los Prefectos.
El derechista partido “Podemos” -atención: no confundir con “Juntos Podemos” de Chile coalición de Izquierda- presentó una ley para solicitar “el revocatorio” del presidente Evo Morales, en 2007. No prosperó y todo el arco opositor se lanzó a boicotear al gobierno democrático con diversos pretextos.
Entre otros, los Prefectos opositores presentaron convocatorias, que son ilegales porque no tienen potestad para hacerlo, a elecciones autonómicas. La mayoría ya se realizó, entre mayo y junio, con un resultado cuya valoración diferente de las cifras por parte del gobierno y de los opositores ha generado confusión. Lo que sí está claro es que menos de la mitad de los electores aprobaba las autonomías
Pero hay confusión en la opinión pública mundial, que cree que el gobierno central está debilitado. Frente a ese cuadro el presidente Morales tomó el toro por las astas y propuso al parlamento que convocara a un referéndum revocatorio. De su gestión, claro y además, de los Prefectos que quieren derrocarlo.
¿Qué sucede ahora que ha comenzado la campaña por el referéndum? Varias cosas pero las más significativas son: Una, que el presidente Morales es un seguro ganador. ¿Por qué? Porque ha cumplido sus promesas electorales y el pueblo siente que ha sido priorizado por sobre las compañías extranjeras y la oligarquía local.
Dos, que los prefectos de la denominada “Medialuna” más el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, van a ser “despachados de sus cargos”.
Encuestas encargadas por la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, que han trascendido de fuentes opositoras, le dan “un apoyo general del 62,3 por ciento al presidente Evo Morales, lo que determinaría su continuidad en la presidencia de Bolivia”.
En cuanto a los “medialunáticos” -como los llama la población- las encuestas pagadas por Estados Unidos “dan la remoción de sus cargos a siete de los nueve prefectos”.
¿Qué aconseja la embajada de EE.UU. convertida en asesor de la oposición, en una clara ingerencia en los asuntos internos de Bolivia? Aconseja “no someterse a la voluntad del pueblo en el referendo revocatorio del próximo 10 de agosto”. Ahora bien: ¿cómo es posible eludir ese compromiso? No hay modo legal. El pasado 16 de junio los Prefectos decidieron no aceptar la consulta revocatoria, pero este rechazo no tiene sustento: el “revocatorio” fue aprobado por el Senado y es ley. Sólo les queda la desestabilización del gobierno, la sedición, el magnicidio y otros ilícitos que impidan la realización de las elecciones.
Es lo que cabe esperar en Bolivia para el futuro próximo. De parte de los políticos opositores y de la asesoría militante de los funcionarios de EE.UU., el país que se presenta ante el mundo como el campeón de la democracia occidental.
Del pueblo cabe esperar su voluntad.
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