Por: Luis Ammann
Hoy es el día. Así lo vive la comunidad boliviana en Argentina, que está cumpliendo un rito simbólico: votar por los destinos de su tierra, a la distancia que pone la migración. Los ciudadanos bolivianos que viven en el extranjero aún no están autorizados a votar. Hay un proyecto de ley pero todavía no se aprueba y los residentes en Argentina quieren hacer algo, aunque sea en sentido figurado, para manifestar su voluntad cívica. Por eso, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, donde viven un millón y medio de personas originarias de nacionalidad boliviana -de dos millones que habitan en el territorio- se han habilitado 23 lugares de votación con un promedio de cuatro mesas en cada uno. En ellos, la gente está votando con idéntico fervor que en su patria.
Los humanistas hemos sido distinguidos con la confianza de la comunidad boliviana que nos ha nombrado veedores.
Recién vimos por televisión al presidente Evo Morales en el acto de votar y en las mesas se alzaron plegarias laicas por el destino de Bolivia: que los comicios se desarrollen con normalidad; que no haya violencia; que dejen votar; que triunfe la democracia fueron los comentarios más escuchados, casi como murmullos, con unción.
Les comentamos esto al mediodía, cuando aún todo está en proceso.
Esta mañana, los medios de comunicación en Argentina aceptan que esta consulta a la población para decidir sobre la continuidad del gobierno tuvo impedimentos de todo tipo. Convocado por la derecha, con la intención de desestabilizar, se les ha vuelto en contra y casi nadie duda que Evo Morales y Álvaro García vayan a ser confirmados en sus cargos, mientras que los ocho prefectos bailan en la cuerda floja: no tienen su continuidad garantizada.
Los medios aceptan que la oposición al presidente Morales quiso “boicotear” la realización del referéndum al advertir los posibles resultados. También se acepta la intervención de la embajada de los Estados Unidos, la presencia de grupos armados y la corrupción del sistema judicial. Es lo que se lee hoy en los diarios y se escucha en radio y televisión. Un sinceramiento que asusta por lo que implica.
El último intento de trampa fue judicial. Para revocar los mandatos, el “No” a la gestión tiene que lograr un número superior al que se obtuvo en la elección de 2005. En general, los porcentajes requeridos para sacar a los Prefectos son entre un 37,9 por ciento y un 48 por ciento. Ejemplo: si un Prefecto llegó al poder con el 38 por ciento de los votos, ahora el “No” debe superar ese porcentaje para echarlo. En el caso de la fórmula presidencial, que obtuvo el 53,7 por ciento en 2005, el “No” necesita estar por encima de esa cifra para revocar su mandato.
Si Morales-Linera no llegaran al 53,7 % hay que llamar a elecciones en un plazo de tres a seis meses. Los Prefectos cuyos mandatos sean revocados serán reemplazados por alguien designado por el Presidente.
La trampa que intenta instalar la Corte Nacional Electoral es aumentar la cifra que deben alcanzar los votos para revocar a los Prefectos: pretenden que sea por una votación superior al 50 por ciento. No es lo que fija la ley, pero esta doble interpretación está instalada y no resuelta. Preocupa porque será una discusión que puede dar origen a que la disputa continúe después de las elecciones.
La estrategia de obstaculización permanente es el modo que tiene la derecha política y económica de enfrentar al gobierno elegido y, probablemente, hoy ratificado por el pueblo.
Vamos a continuar fiscalizando los comicios. Volveremos a comunicarnos más tarde.
Hoy es el día. Así lo vive la comunidad boliviana en Argentina, que está cumpliendo un rito simbólico: votar por los destinos de su tierra, a la distancia que pone la migración. Los ciudadanos bolivianos que viven en el extranjero aún no están autorizados a votar. Hay un proyecto de ley pero todavía no se aprueba y los residentes en Argentina quieren hacer algo, aunque sea en sentido figurado, para manifestar su voluntad cívica. Por eso, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, donde viven un millón y medio de personas originarias de nacionalidad boliviana -de dos millones que habitan en el territorio- se han habilitado 23 lugares de votación con un promedio de cuatro mesas en cada uno. En ellos, la gente está votando con idéntico fervor que en su patria.
Los humanistas hemos sido distinguidos con la confianza de la comunidad boliviana que nos ha nombrado veedores.
Recién vimos por televisión al presidente Evo Morales en el acto de votar y en las mesas se alzaron plegarias laicas por el destino de Bolivia: que los comicios se desarrollen con normalidad; que no haya violencia; que dejen votar; que triunfe la democracia fueron los comentarios más escuchados, casi como murmullos, con unción.
Les comentamos esto al mediodía, cuando aún todo está en proceso.
Esta mañana, los medios de comunicación en Argentina aceptan que esta consulta a la población para decidir sobre la continuidad del gobierno tuvo impedimentos de todo tipo. Convocado por la derecha, con la intención de desestabilizar, se les ha vuelto en contra y casi nadie duda que Evo Morales y Álvaro García vayan a ser confirmados en sus cargos, mientras que los ocho prefectos bailan en la cuerda floja: no tienen su continuidad garantizada.
Los medios aceptan que la oposición al presidente Morales quiso “boicotear” la realización del referéndum al advertir los posibles resultados. También se acepta la intervención de la embajada de los Estados Unidos, la presencia de grupos armados y la corrupción del sistema judicial. Es lo que se lee hoy en los diarios y se escucha en radio y televisión. Un sinceramiento que asusta por lo que implica.
El último intento de trampa fue judicial. Para revocar los mandatos, el “No” a la gestión tiene que lograr un número superior al que se obtuvo en la elección de 2005. En general, los porcentajes requeridos para sacar a los Prefectos son entre un 37,9 por ciento y un 48 por ciento. Ejemplo: si un Prefecto llegó al poder con el 38 por ciento de los votos, ahora el “No” debe superar ese porcentaje para echarlo. En el caso de la fórmula presidencial, que obtuvo el 53,7 por ciento en 2005, el “No” necesita estar por encima de esa cifra para revocar su mandato.
Si Morales-Linera no llegaran al 53,7 % hay que llamar a elecciones en un plazo de tres a seis meses. Los Prefectos cuyos mandatos sean revocados serán reemplazados por alguien designado por el Presidente.
La trampa que intenta instalar la Corte Nacional Electoral es aumentar la cifra que deben alcanzar los votos para revocar a los Prefectos: pretenden que sea por una votación superior al 50 por ciento. No es lo que fija la ley, pero esta doble interpretación está instalada y no resuelta. Preocupa porque será una discusión que puede dar origen a que la disputa continúe después de las elecciones.
La estrategia de obstaculización permanente es el modo que tiene la derecha política y económica de enfrentar al gobierno elegido y, probablemente, hoy ratificado por el pueblo.
Vamos a continuar fiscalizando los comicios. Volveremos a comunicarnos más tarde.
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