Por: Luis Ammann
El hecho positivo es que hoy la presidente de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó un plan para reforzar la lucha contra el delito en lugares álgidos. ¿Por qué no en todo el país? Porque -hay que tenerlo presente- Argentina es un país federal y la seguridad es competencia de los estados federales o provincias.
El estado nacional tiene un papel supletorio y actúa a pedido o en colaboración con los estados provinciales. En este caso, se involucran los distritos de Buenos Ares y Mendoza. Es la primera etapa, entonces, de un programa nacional de asistencia a los estados provinciales.
Las medidas son correctas y de eficacia ya probada aún cuando son sintomáticas y el problema es estructural y más complejo. Es correcto que estas medidas se apoyen en la disuasión y no en la represión, como los sectores violentos de la sociedad requerían solicitando pena de muerte, disminución de la edad para juzgar a los menores, torturas, críticas a las garantías que protegen a los detenidos aun no condenados, y otras aberraciones.
Este plan acude al avance tecnológico (cámaras, vehículos con equipamiento sofisticado) y a la inclusión de personal retirado con experiencia, centros municipales, mayor presencia policial en las calles y otros que dificultarán el accionar de los delincuentes.
Por cierto, esas medidas no son suficientes. La delincuencia tiene una relación directa con la marginación social – producida por falta de trabajo y educación – y con la cerrazón de futuro que experimentan las nuevas generaciones. Situación que empuja a estos sectores al refugio o escape en la droga, particularmente en algunas que son desquiciantes como el “paco”. Precisamente este residuo de la pasta base de la cocaína, de terribles efectos, agrega una violencia inusitada al delito menor como el hurto o el robo callejero o domiciliario. Indudablemente, la situación actual se revertirá en la misma proporción en que haya más empleo, reinserción y contención social.
Un punto al cual aludió la Presidenta ya había sido destacado por la jueza de la Corte Suprema, doctora Carmen Argibay: la “inseguridad” está inflada. Los medios de comunicación masivos -decididamente adversos al gobierno- han generado una sensación de inquietud que no se corresponde con la realidad. El leve aumento de los delitos, casi en correlación mecánica con el aumento de la población no justifica la alharaca de los miembros de la “farándula”, que se movilizan al amparo de su propia violencia interna. Como si fueran intocables, sólo se agitan cuando la cercanía del problema los salpica individualmente.
Sólo para poner en perspectiva la inseguridad real y no la “sensación”, el país modelo de esos personajes exaltados, los EE.UU., es donde hay más delincuentes por habitante. Nuestro vecino Brasil ofrece cifras alarmantes y quienes viajamos con frecuencia podemos certificarlo. Eso sin tener en cuenta a Colombia o a México, en donde hay peligro real para la vida en forma permanente. Ni hablar de la mafia en Italia. Desde luego, esto no es una justificación, pero el delito crece en el mundo y no va a ser erradicado hasta que la sociedad no se estructure en torno a la equidad. Pero esta medida, este programa nacional de asistencia, es un paso positivo y hay que destacarlo.
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