Argentina 10 días después. Parte 1
Ha sido una tradición periodística con arraigo de siglos que los balances de una nueva gestión presidencial en una democracia moderna, se realicen a partir de cumplidos los primeros cien días. No se ha perdido, sólo relativizado, porque no priva del comentario de las medidas recién tomadas cuando son resonantes o sorprendentes, ya sea por su contradicción con las promesas electorales o porque refutan dichos registrados por los medios de comunicación o por sus consecuencias. Eso en cuanto a las acciones; pero, además de hechos, hay conductas consentidas que pueden ser graves en cuanto arrollan principios pre-supuestos en una ideología. De todo esto hay en la nueva administración neoliberal de la Argentina.
Elegido por una magra diferencia el 23 de noviembre de 2015 y tras una pobre actuación al asumir su compromiso de gobernar el país (caprichos de vedette con la ceremonia de traspaso de mando, ridículo al contonearse -¿baile?- en el balcón de la Casa Rosada, al compás de una canción desentonada por la vicepresidente), el ingeniero Mauricio Macri comenzó a tomar decisiones ese mismo día 10 de diciembre. Estamos considerando, entonces, diez días (en lugar de cien) de medidas de un gobierno que comenzó a avanzar -ya veremos cómo- hacia una meta -improbable- de cuatro años.
En un comicio intachable para todas las fuerzas políticas partícipes, la alianza triunfante (“Cambiemos”) instaló a un conjunto heterogéneo encabezado por el jefe de una agrupación minoritaria de derecha (Propuesta Republicana -PRO) que contó con el concurso de la Unión Cívica Radical, un centenario partido de centro derecha con estructura en todo el país; un sector importante de peronistas ortodoxos antikirchneristas, Unidos por una Nueva Alternativa-UNA (Sergio Massa) y algunas expresiones minoritarias como Coalición Cívica (Elisa Carrió). Esa característica aluvional se tradujo en un programa donde alternaron las promesas originales de derecha con el discurso de la continuidad kirchnerista en materia social y en el mantenimiento como estatales de símbolos nacionalistas -YPF, Aerolíneas Argentinas- que primero habían sido amenazados de privatización.
Lo más destacable de las elecciones del 23N es que constituyen un hito en el afianzamiento de la democracia argentina. El presidente deberá gobernar -si quiere mantenerse en la línea “republicana”- conciliando intereses con un parlamento donde el ahora opositor Frente para la Victoria tiene mayoría y quorum propio en el Senado y primera minoría en la cámara de Diputados. Si quiere imponer su criterio sin diálogo deberá recurrir a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
También, aunque cueste creerlo, puede recurrir al Poder Judicial, una columna del Estado dominada por magistrados de derecha que viene actuando con desprecio de la división de poderes. En los hechos ha impedido, ante el requerimiento de empresas concentradas, la vigencia de leyes aprobadas por el Congreso y avaladas por el Ejecutivo anterior. Casos paradigmáticos son la protección dada al grupo Clarín para permitirle que no se adecúe a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, popularmente llamada Ley de Medios (que obliga a reducir el número de empresas de comunicación que pueden asociarse), o impedir que el gobierno anterior nombrara reemplazos en la Suprema Corte de Justicia de acuerdo al procedimiento legal. Otra característica de esta “Corte” -solo le falta denominarse “Real”- es que sus miembros se fijan a sí mismos la remuneración de sus salarios y jubilaciones, la exención en el pago de impuestos, el carácter perpetuo de sus cargos, la impunidad que significa que pueden optar por jubilarse para eludir un juicio político por mal desempeño y otros. Privilegios irritantes e incomprensibles en un sistema republicano de división de poderes que no podrían mantenerse si fueran electos por voto directo del pueblo en comicios ordinarios, propuesta que los humanistas venimos formulando desde los años 80.
Argentina, 10 días después. Parte 2
No cabe duda de que estos últimos 10 días han sido prolíficos. Gran parte de los decretos -el Parlamento está en receso veraniego- han sido noticias escandalosas. Porque para obrar con rapidez y sin oposición, en este lapso el Presidente no ha convocado a las cámaras a sesiones extraordinarias y ha optado por la dudosa legalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), harto opinables pero sin molestias opositoras.
Las protestas y cortes de la autopista Richieri (conflicto salarial en la empresa avícola Rasic Hermanos -productos Cresta Roja- el intento de cese de empleados en la Cámara de Diputados, el conato de despidos en la multinacional Techint, las concentraciones en defensa de la Ley de Medios, etc) han tenido un “nuevo” marco: la presencia policial, los carros hidrantes, el desplazamiento de tropas, cosas que no ocurrieron en los últimos 12 años. Ahora mismo el gobierno está considerando coartar las expresiones populares mediante una reglamentación disuasiva. Es que hay tal temor al pueblo que la muerte de 43 gendarmes en un vehículo desbarrancado por la rotura de un neumático, se produjo cuando eran movilizados en “prevención” de eventuales “saqueos navideños”, producto de la imaginación afiebrada del gobernador de Jujuy.
La sombra ominosa de la censura pende sobre la libertad de expresión del pueblo argentino, una constante en los gobiernos de derecha que pueden comenzar democráticamente pero indefectiblemente viran hacia formas autoritarias. En la primera semana del nuevo gobierno de derecha el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad ha intervenido los organismos encargados de poner en práctica la Ley de M edios, y ha vaticinado el cierre de programas de televisión opositores al gobierno. Junto a otros gestos preocupantes como el gobernar de espaldas al Congreso, designar jueces con la complicidad del poder judicial que acepta nombramientos “a dedo” sin aprobación del Senado, estamos ya en el borde del terreno dictatorial y, paradójicamente, significa hacer lo que se criticaba. Pensamos en las acusaciones de Macri en su discurso inaugural, cuando afirmó que el país estuvo a punto de caer en un “autoritarismo irreversible” (sic).
La devaluación, el aumento de tarifas, la quita de subsidios (gradual, a partir de enero), son desde una perspectiva humanista, las disposiciones más perjudiciales para el pueblo, ya que tienen una incidencia directa en el bolsillo de los asalariados. Pero no le van a la saga otras de neto corte neoliberal: el endeudamiento para hacer frente a la venta libre de dólares, la quita de las retenciones al trigo, maíz, sorgo, carne y pesca y la reducción de cinco puntos a la soja lo que, unido a la devaluación de la moneda significa millones de dólares para los empresarios del sector agrario.
Sumado a esas, otras medidas como la libre entrada de capitales que vienen a hacer su negocio en el circuito financiero (“golondrinas”), la libre importación de productos que se fabrican en el mercado local, con la consiguiente crisis de las empresas nacionales Pymes y aumento del desempleo, configuran un esquema conocido. Y sufrido. Es que el modelo capitalista, de concentración en unas pocas manos a las que se traslada el grueso de la riqueza, sumergiendo en la pobreza a la mayoría de la población que es la que produce los bienes, es inamovible, fijo. Puede adoptar diversos formatos pero la base es la misma: favorecer a los que más tienen a costa de los que tienen menos.
Una medida preocupante es la llamada “emergencia en seguridad”. Por una parte, por el hecho de que está a cargo de una las figuras más controversiales del gobierno, la ministra Patricia Bullrich y porque se relaciona con uno de los errores que los humanistas criticamos al gobierno de CFK: la ley antiterrorista, actualmente vigente. Con esa norma, Bulrrich puede impedir hasta las reuniones sociales de amigos; más cuando afirmó ayer que “hay hipótesis de conflicto social” para fin de año. Hasta ahora, lo único seguro es que la ministra contará con un presupuesto abultado para lo que sea menester, como comprar armas sofisticadas, radares importados -ignorando los que se fabrican en el país-, movilizar tropas para reprimir conflictos internos y otras aún no difundidas.
Las designaciones de amigos del Presidente en ministerios y organismos claves son un capítulo aparte, pero volveremos en otras notas porque muchas alcanzan perfiles de escándalo y se resisten a cualquier síntesis.
Ayer, a 14 años de la caída del gobierno y la huida en helicóptero del presidente Fernando De la Rúa, se acumulan coincidencias entre las medidas de ese político radical -responsable de las muerte de 39 ciudadanos entre el 19 y 20 de diciembre de 2001- y el actual presidente Mauricio Macri.
Argentina, 10 días después. Parte 3
Los hechos positivos de estos diez días han tenido como protagonistas a la base social, por una parte, y a un sector de corte fascista en su concepción y frecuente comportamiento corporativo, como es el sindicalismo argentino. Las reivindicaciones gremiales -uso la palabra con plena conciencia de su alcance- han sido la característica de este sector en Argentina. Creado desde la cúpula gubernamental –por Juan Domingo Perón, por encargo de un grupo militar que se apropió del Estado- para mantener una conexión con la base social y preservarla del «virus» comunista, los sindicatos han estado vinculados al poder, cualquiera fuera su signo. Ahora, después de haber sido una buena cantidad de gremios oposición al gobierno kirchnerista y apoyo visible a la candidatura de Mauricio Macri, están presionando por una recomposición que cubra la pérdida de valor del salario a raíz de la devaluación y la inflación desatada en el último mes. Al mejor estilo tradicional en Argentina, “piden” un “bono de fin de año”. No es posible esperar de este tipo de sindicalistas un plan de lucha -otro gallo cantó en Córdoba con Tosco, Salamanca, Atilio López, Gregorio Flores en la década del 60- o medidas de alguna profundidad. Pero también cabe recordar que Saúl Ubaldini le propinó 13 paros al gobierno de Raúl Alfonsín y le creó dificultades de gobernabilidad que un presidente menos competente no podrá enfrentar sin represión. Y esta es una puerta que cuando se abre permite ver el infierno.
Imprevisible a dónde puede llevar el reclamo corporativo de los sindicatos, que en estos diez días han progresado aceleradamente hacia la unidad. Por cierto, el sector más duro y progresista, como es la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), se mantiene a una distancia técnica y se confía en que implementará un tipo de oposición que vaya más allá del reclamo salarial. Entendemos que cualquier resistencia al viejo modelo neoliberal será un paso adelante y, aún con sus limitaciones, los trabajadores organizados van a constituir algún freno al proceso de pauperización.
Cuando mencionamos la base social nos estamos refiriendo a agrupaciones defensoras de derechos humanos, asociaciones culturales, jubilados y movimientos sociales representantes de la reserva que constituye la fuerza moral de Argentina.
Una forma de organización que ha surgido en estos diez días es particularmente interesante por su carácter de base, su transversalidad política y su componente mayoritariamente femenino. Mediante redes sociales, grupos de WhatsApp, listas de correo, estas personas se están movilizando por temas -como la defensa de la plena vigencia de la Ley de Medios, que garantiza la libre expresión y la pluralidad de voces- o la defensa de la continuidad del programa político televisivo 678 (defensor del anterior gobierno y actualmente de oposición).”Resistiendo con aguante” es uno de ellos y su modo de agruparse -aún incipiente- es por comunas. La idea es funcionar en Asambleas -una experiencia similar a las que pusimos en práctica en Argentina durante las crisis de los años 2001, 2002 y 2003- pero esta vez con una horizontalidad celosamente defendida por los participantes. En esas reuniones hay muchos jóvenes que nunca participaron en política -la generación post dictadura- chicos de asociaciones kirchneristas -los menos- de la Federación Juvenil Comunista, humanistas, socialistas, libertarios…
Las reuniones comenzaron antes de que asumiera Macri. El primer éxito fue la convocatoria a Plaza de Mayo el día 9 de diciembre para despedir y arropar a la Presidente Cristina Fernández en su último día de gobierno. Hoy según hemos visto en el llamado a defender la Ley de Medios en la Plaza de los Dos Congresos el día 17 mantienen su ritmo y están creciendo. Como decíamos los humanistas en algún momento de nuestra corta historia: “es el pueblo que se está organizando”.