Buenos Aires es una de las ciudades más hermosas y seguras del mundo. Su composición social, sin embargo, muestra la mayor brecha entre ricos -muy ricos- y pobres -muy pobres- y la convierte en un espejo de Latinoamérica, la región de los grandes contrastes. Buenos Aires pretende ser la vidriera de Argentina al mundo, y lo logra: desde el exterior se la identifica con la Argentina toda, aunque poco o nada tiene que ver la ciudad capital con las provincias que integran el territorio nacional. En Buenos Aires, cuando se critica al gobierno a secas mucha gente confunde al Jefe de Gobierno, una suerte de Intendente- con el Presidente del gobierno nacional que tiene su asiento en la misma ciudad. El gobierno nacional es ejercido por Cristina Fernández de Kirchner; Buenos Aires está en manos de grandes corporaciones que monopolizan el negocio con las tierras públicas y la prestación de los servicios municipales y tiene al frente de la administración de la ciudad a un “empresario” de derecha, Mauricio Macri.
La presentación anterior no es ociosa porque, en estos días, estamos viviendo un conflicto que ha provocado muertos y heridos y ha sacado a la superficie la xenofobia de una derecha europeizante que, desde el gobierno, criminaliza a los extranjeros y enfrenta a los pobres con los pobres. Digamos de paso que, cuando Macri habla de extranjeros, incluye a los argentinos que vienen de las provincias y habitan en las «villas» porque, en definitiva, también son pobres.
Los sucesos que vamos a comentar han sido confusos pero ya hay claridad suficiente como para dar una opinión desde nuestra mirada humanista. El día lunes 6 el diario Perfil anunciaba “Macri hará propietarios a los vecinos de las villas” y explicaba los mínimos requisitos necesarios, entre los cuales, estar ya instalados en el lugar que se escrituraría. El martes 7 un enorme espacio abandonado por el gobierno de la ciudad, el Parque Indoamericano, fue ocupado por centenares de personas que intentaban afincarse para acceder al beneficio prometido.
Las familias provenían de muchas «Villas» que -según se ha sabido luego- están instaladas en la ciudad (95%) y, en su mayoría eran argentinos. Ese día fueron desalojados por la Policía Metropolitana (fuerza de la ciudad) y la Policía Federal (nacional) con un saldo de dos muertos y numerosos heridos. Fueron asesinados Bernardo Salguero, paraguayo y Rosemary Churapuña, boliviana. El predio fue desocupado y vuelto a ocupar en cuanto las fuerzas de seguridad se retiraron y, en un nuevo desalojo, murió Juan Castañares Quispe, boliviano.
El gobierno nacional ordenó una investigación entre las fuerzas policiales para determinar responsabilidades y separar de la fuerza a los agentes que se excedieron en su función. Mauricio Macri, arengó advirtiendo que «bandidos y narcotraficantes extranjeros vienen a robar lo que nos pertenece” y enervó los ánimos xenófobos de algunos vecinos que se sumaron a atacar el predio ocupado. Allí se vio actuar y se identificó luego a «punteros» (agitadores pagos) que responden a los legisladores de su propio partido político (el PRO), como Esteban Pagano o Cristian Ritondo; al gremio de municipales conducido por Amadeo Genta y Patricio Datarmini y punteros del recién proclamado candidato a Presidente por el “peronismo federal” Eduardo Duhalde, muchos de ellos miembros de “barras bravas” o empleados de equipos de fútbol. Curiosamente, Duhalde había pronosticado, en apariciones públicas recientes, que en Argentina habría conflictos sociales. Para quienes no lo conocen, apuntamos que es un político hábil en procedimientos mafiosos, fue vicepresidente de Carlos Menem, está ligado a la desestabilización del gobierno de Raúl Alfonsín -asaltos a supermercados y saqueos de negocios en 1989- y es responsable político de la muerte de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán dos militantes de organizaciones sociales. ¿Casualidad o intencionalidad política? Esta serie de hechos encadenados, denominados por Mauricio Macri una “teoría conspirativa” se han ido comprobando, en la semana que lleva el conflicto, como un plan político y económico.
En cuánto al aspecto económico “convertir en propietarios a los vecinos de las villas” deja bien claro que Macri no trataba de dar una solución al problema de la vivienda. Para esto se requiere un plan que contemple edificación segura -habría que echar abajo toda la construcción precaria actual- dotar de agua, luz, cloacas, servicios y demás, lo que requiere mucho más dinero que el costo del terreno mismo. La promesa de Macri ¿en beneficio de las inmobiliarias? parece que es -o era- efectivamente “hacerlos propietarios” es decir, “incorporarlos al mercado” en lugar de integrarlos a la sociedad. Poseedores de un “buen título” pero sin ayuda para construir y sin servicios, los novatos propietarios serian una presa fácil para las empresas como Puerto Madero y Corporación Buenos Aires Sur que podrían comprar legalmente esas tierras valiosas a un precio vil. O, lo que es lo mismo, a precio de mercado.
No hay por qué pensar que la crueldad de Mauricio Macri y sus colegas no tiene techo. Se trata sólo de negocios.