“La Dictadura militar instaurada en la Argentina el 24 de marzo de 1976, como parte de una estrategia global para América Latina, implementó un régimen represivo que por su naturaleza, dimensión y modalidades no tiene precedentes en la historia nacional. Sin embargo, no fue una irrupción intempestiva. La cultura política argentina reconoce tradiciones y prácticas autoritarias y represivas en la permanente alternancia de dictaduras militares y democracias restringidas durante gran parte del siglo XX. El régimen implementado entre 1976 y 1983 no fue algo ajeno a la sociedad argentina, sino parte de su trama”. El planteamiento es parte del documento fundacional del Instituto Espacio para la Memoria
Los hechos que angustian a una sociedad pueden negarse o integrarse por sus protagonistas pero no serán útiles a un conjunto que pretende madurar colectivamente si se ocultan o minimizan. De estas actitudes nacen los sectores pasivos inundados de indiferencia, que suelen ser el puente para la repetición de errores. Esa pasividad e indiferencia “ante los crímenes del Terrorismo de Estado se reiteran hoy frente a la pobreza y la exclusión de millones de compatriotas”, leemos en el documento.
Consecuentes con sus objetivos, el Instituto invita a la sociedad a informarse -es el caso de las nuevas generaciones- para “abordar las cuestiones que habilitarán los primeros relatos de nuestro pasado reciente y los interrogantes planteados por ellos”. Un modo de hacerlo es asistir a los juicios públicos donde se juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina por la dictadura militar.
La organización informa que las audiencias son públicas y abiertas y todos pueden concurrir a presenciarlas.
Para acreditarse hay que dirigirse a la Mesa de Entradas del tribunal oral federal nº 4 ubicada en el 6 piso de los tribunales de la calle Comodoro Py, número 2002 (Retiro), donde se informará la sala y horario de la audiencia.