Hoy una lectora de la nota Momento Argentino (ver) nos pregunta por el listado -que allí se menciona- de empresarios despojados de sus bienes por la dictadura que se apropió del país entre 1976 y 1983. Le contestamos con esta nota para dar el contexto necesario.
Los datos provienen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa Graiver/Papel Prensa. Quien los proporciona es un funcionario, el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, a cargo de la Unidad Especial de Víctimas de Despojo Económico.
Como se sabe, los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar tuvieron diversas motivaciones, pero la económica está presente en el fondo de la cuestión, ya que se trataba de imponer el modelo económico neoliberal. Es decir, ni siquiera vamos a considerar las raterías del personal policial, militar o civil integrantes de los grupos que violentaban las casas para hacer “secuestros con derecho a saqueo”. Está muy claro que el programa de la dictadura es el mismo que luego impulsó en democracia Carlos Menem con apoyo de los votos en las urnas.
En una entrevista que publicó el diario Tiempo Argentino el día 4 de septiembre Luis Alén explica: “el ministro de Economía de facto José Alfredo Martínez de Hoz y su grupo llevaron adelante una operatoria para concentrar la actividad económica en pocos grupos que respondieran a sus intereses. Hay una actividad común y un modus operandi similar en todas las apropiaciones”, contextualizó.
“Lo que se hizo -explica más adelante- fue robar a las víctimas con una motivación que era el despojo planificado. Tenía que ver con el verdadero objetivo que era imponer el neoliberalismo, sistema económico del cual Martínez de Hoz era la cabeza visible”, explicó Alén. Y agregó: “Es un tipo de delito que no es igual que los crímenes comunes, necesita un tratamiento diferenciado por sus características particulares.”
Entre los 604 despojos denunciados se destacan por estar en juicio -además del emblemático caso Graiver- los de Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino empresarios lácteos, Daniel Paskvan y Dalmacio Paskvan empresarios agrícola y los empresarios Miguel y Federico Gutheim (por estos está con prisión domiciliaria Martínez de Hoz).
Para finalizar volvemos a la nota de Tiempo Argentino, edición citada: “Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Alén opina que “el país sigue pagando las consecuencias de estas acciones. Es necesario establecer las complicidades del bloque civil con la parte militar, ya que fue una dictadura cívico-militar. Los grupos concentrados tuvieron una fuerte participación para instalar un modelo que pretendía que hubiera pocos grupos con actividad concentrada, y todo lo que se les escapaba tenía que ser suprimido”.
La verdad está teniendo un parto lento, pero avanza.