El año 2010 no ha comenzado bien para los sectores populares paraguayos, evidenciando lo corta que es la “manta” con que se cubre el gobierno. Como se sabe, enclaves principales en la estructura del Estado están en manos de personajes que responden a la derecha corrupta que ha gobernado el país desde siempre. Hay represores de largo oficio que continúan en áreas sensibles del Ministerio del Interior, en la cúpula policial y, por supuesto, en el poder judicial.
Se viven días agitados en Paraguay. El secuestro del ganadero Fidel Zavala, el 15 de Octubre de 2009 en el departamento de Concepción y su liberación el 17 de enero -previo pago de 550 mil dólares- dio lugar a la “operación yaguareté” que castigó con allanamientos, maltrato, desapariciones, detenciones y persecuciones a los luchadores sociales y a los trabajadores. Los secuestradores se declararon “guerrilleros”, aclarando sin que nadie les preguntara que “no eran policías ni militares”, lo que hace sospechosa la verdadera filiación de este grupo. Lo cierto es el hecho sirvió para que el primer mandatario fuera objeto de críticas y se acrecentara la campaña de desestabilización política que viene desde hace meses.
Si fuese cierto que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es un grupo guerrillero de izquierda estaríamos otra vez frente a un cuadro conocido: los impacientes que pretenden los cambios revolucionarios de un día para otro son los que regalan el pretexto para una represión que, lejos de radicalizar a la población, hace retroceder la participación política.
En este momento en Paraguay es notoria la presencia de “mercenarios colombianos, mayor cantidad de gringos de la CIA y la ya tradicional operación de la embajada estadounidense comandada por Liliana Halladle. En su edición impresa del viernes 22 “ABC”: tituló “Ningún santuario para las brujas”. Se sabe que este diario es el vocero de estos sectores y exige en ese artículo que la “policía investigue a dirigentes de asociaciones, movimientos y partidos”, “y se haga todo lo que haya de hacerse para descubrir y sancionar a los criminales”. O sea: ningún sector popular está ni estará a salvo.
La denominación de “Santuario del terrorismo” colgada del cuello de las asociaciones sociales equivale a un cartel indicando disparar a voluntad sobre sus líderes y “colaboradores” denominación que le cabe a cualquiera que no sea bien visto por la derecha.
Fernando Lugo, que soporta los embates de un movimiento desestabilizador registrado en el seno de su gobierno ha logrado frenar a la oposición y restablecer la calma una vez más. Vale la pena señalar que “la contra” es encabezada por el vicepresidente Federico Franco.
La izquierda agrupada en “Espacio Unitario-Congreso Popular y la Alianza Patriótica para el Cambio”, ha señalado como “un grave error el silencio del Presidente Lugo sobre la persecución a los campesinos y al movimiento popular” a la par que señala el riesgo de no enfrentar las presiones de la derecha paraguaya y “de los yanquis y colombianos”. Ve la actitud del gobierno como un abandono “del proyecto y el programa de cambios prometidos por Lugo al pueblo, cuyos ejes centrales son la “profundización de la democracia, la reforma agraria integral con protagonismo campesino, y la defensa de la soberanía nacional”.
La única salida posible -parece- es la unión de los sectores populares en torno al Presidente Lugo y fortalecer una alianza progresista que pueda dar legitimidad electoral al gobierno sin el contrapeso de sectores del privilegio que apoyaron sólo la coyuntura electoral para voltear luego al presidente y heredar el gobierno. Federico Franco está listo en Paraguay como lo está Cobos en Argentina.