A esta altura del proceso -casi cien días de paro- ya no es la economía sino la política la que moviliza el conflicto que plantó al sector agropecuario frente al gobierno. Un móvil político que está -sigue estando- detrás, adelante y alrededor del tema pretexto que es la suba móvil del monto de las retenciones agrícolas (un impuesto a las exportaciones). El objetivo de este enfrentamiento político es desprestigiar al gobierno hasta donde sea posible.
Los sectores de mayor renta en la Argentina son los financieros -una distorsión congénita de esta economía- y, en los últimos años, lo es también el sector empresarial en general, con el campo y la industria como lideres particulares. Sólo como ejemplo: el sector industrial tuvo una renta del 20 % anual en 2007 cuando el mismo sector en los Estados Unidos llegó al 8 por ciento; por su parte, del sector agropecuario, que es el mayor evasor impositivo, no hay cifras confiables. Pero observando el giro de los precios internacionales, el aumento de la productividad, el equipamiento en maquinaria y el incremento del valor de la propiedad tierra, la renta ha sido exorbitante. Estas utilidades no fueron consecuencia de mayor trabajo, descubrimientos científicos o acciones dirigidas a ese fin por parte de los ruralistas -salvo la introducción de tecnología- sino que resultaron de factores ajenos al sector como la suba de los precios internacionales o la acción del gobierno. Los salarios de los trabajadores, cuyo valor adquisitivo cayó al 33 por ciento en 2002 durante la devaluación del peso respecto al dólar de 1 a 3, no sólo no aumentaron su renta sino que todavía no recuperaron el nivel perdido.
En ese marco está la protesta desmedida del sector agropecuario. Un sector no uniforme que se ha unido por motivos políticos dentro de un plan opositor más amplio, que incluye un tratamiento de los temas por parte de la prensa en perjuicio del gobierno. Es el mismo trato que se aplica en Venezuela, Bolivia, Ecuador -con menor intensidad en Brasil aunque tuvo fuertes picos en este país en 2005 y 2006- y que es indicado por los sectores económicos que ven amenazados sus ingresos excesivos. Coincidentemente, son países que han manifestado una distancia soberana de los Estados Unidos de Norteamérica.
En el caso particular de Argentina, la percepción de que el rumbo económico seguirá siendo positivo y que el gobierno puede continuar ingresando fondos que le permitan otra distribución del ingreso, con el consiguiente beneficio de la mayoría de la población, tiene otra la lectura: la prolongación en el gobierno del actual sector justicialista. Si Cristina Fernández lleva a buen puerto esta gestión presidencial es difícil que Néstor Kirchner no sea elegido en cuatro años, llevando a 12 el mandato de los forjadores de este modelo. La percepción de esa posibilidad tiene una influencia directa en las acciones desestabilizadoras que se están implementando. Es coherente. Cristina Fernández es el eslabón a cortar para evitar la “catástrofe” imaginada por los sectores que se benefician con el “libre mercado” y propician el capitalismo “salvaje”.
Una breve digresión: el gobierno de Fernández es capitalista y adhiere al neo liberalismo. No es un gobierno socialista ni mucho menos. Sólo se ha permitido “meter la mano” en algunos bolsillos (los sectores petrolero y minero no fueron tocados) para hacer crecer las arcas estatales y pagar sin sobresaltos la deuda externa; ha tenido el acierto de promover una política de integración con Latinoamérica; cierta independencia frente a los Estados Unidos y políticas de estado correctas en algunos temas (Derechos Humanos, fortalecimiento de la democracia, Corte Suprema; no represión de las protestas, etc.). Comparado con otros, el de Kirchner y la continuidad de Fernández son “lo mejor que nos ha pasado” desde el retorno a la democracia.
Este conflicto entonces, comenzó siendo por dinero pero hizo aflorar un odio visceral del sector agrícola hacia el “autoritarismo” peronista. Otros prefieren ponerlo como conflicto de clase -Perón fue el primer presidente en reconocer derechos a los peones rurales- al que se sumaron sectores de clase media que se mueven erráticamente. Pero esto se contradice con la presencia de sectores trosquistas y desocupados -que reciben planes sociales- y han cerrado filas con la Sociedad Rural representante de la oligarquía local.
El conflicto es político y está enderezado a lograr el desprestigio del gobierno, debilitarlo y dejarlo en mala posición para las elecciones del año próximo e, incluso como hipótesis máxima, provocar la salida anticipada de la presidente. Una alternativa es su renuncia y reemplazo por un Vicepresidente débil y manejable, o bien, su renuncia y elecciones presidenciales anticipadas.
II – ¿Qué hacer?
Los empresarios agrícola-ganaderos están cortando las rutas de la Argentina desde hace casi cien días en defensa de sus intereses. El gobierno ha ofrecido modificaciones en las medidas económicas cuestionadas pero el sector “juega a todo o nada” porque ya sus ambiciones han ido más lejos y quieren provocar un hecho político: desestabilizar a la presidente.
Ahora, se ha convocado a una marcha en apoyo al gobierno. ¿Qué hacer en esta eventualidad?
La mayoría de las personas -las que no son el gobierno ni están involucradas con el sector agropecuario- se sienten tironeadas en este conflicto. El problema aparece como “aporético”, es decir, las posturas enfrentadas tienen legitimidad y, peor aún, los intereses que chocan se necesitan mutuamente. Estos casos que aparentemente son irresolubles se resuelven considerando valores, en este caso, quien está más cerca de proteger el bien común.
El gobierno ha subido un impuesto -tiene todo el derecho- quiere orientar la producción agropecuaria hacia cultivos diversificados -no monocultivo de soja- y garantizar precios internos accesibles. Todo eso cuando el mundo está a las puertas de una crisis de alimentos. De acuerdo a eso, debemos ir a la marcha.
Otro enfoque que cabe es: si el problema es político, la pregunta no es quien tiene razón, sino ¿qué nos conviene a los argentinos como sociedad? El dilema es: ¿queremos que caiga el gobierno democrático, elegido hace seis meses? ¿O queremos una democracia fortalecida?
Estamos convencidos: hay que ir a la marcha en apoyo a un gobierno que no tiene toda la razón pero que fue elegido para cuidar de los intereses del conjunto y que el sector de los empresarios y rentistas del campo quiere voltear.