La brutalidad de los conquistadores europeos (españoles, portugueses, franceses, ingleses, holandeses) sobre los habitantes originarios de “Awyayala” (América) está probada. El resultado fue un genocidio que algunos autores cuantifican en 74 millones de vidas de personas, mientras otros discuten acerca del número. La cifra y la continuidad de la conquista por medio de empresas depredadoras se puede apreciar en el documental “Apaga y Vámonos”, una película de Manel Mayol (www.apagayvamonos.net). Es también la opinión de la Cumbre de los Pueblos Indígenas de América. Hay consenso entre los americanistas en que la masacre existió y tuvo como finalidad apropiarse de los recursos naturales y destruir la cultura local para sustituirla por la europea, una línea que recorre los últimos cinco siglos y llega hasta nuestros días.
No obstante lo dicho pocos destacan el importante papel de la Iglesia Católica en esa conquista devastadora, que tuvo muchos ejes pero dos son principales: primero, justificar la matanza indiscriminada de los “aborígenes” al dudar del carácter humano de esos “animales sin dios”; el segundo, instalar que los nativos eran redimibles y podían alcanzar el carácter de humano por la religión cristiana. Les impusieron por la fuerza “la religión del amor”.
La crueldad de los misioneros -de un sector afirman ahora los comunicadores católicos- contribuyó al exterminio de los originarios tanto como las balas de los soldados. La Cruz y la Espada destruyeron Awyayala y dieron nacimiento a lo que hoy llamamos América Latina.
Ahora es el regreso de la acción y los pueblos originarios vienen por sus fueros.
El poder temporal de la Iglesia -no obstante su retroceso- sigue vigente a través de instituciones constitucionales absolutamente retrógradas como la obligación de ser católico para presidir el país, imposición vigente en muchos países. Otro tanto pasa con la obligación estatal de pagar salarios a los sacerdotes, como si fueran empleados del Estado. Pero donde más resalta el poder del sector religioso católico es en la educación, tanto en la imposición de contenidos como en la obligación del estado de subsidiar a las empresas privadas que difunden esa fe a través de las escuelas para niños, jóvenes y adultos.
En países como la Argentina es poco o nada lo que se ha hecho para desmontar el poder político que suponen esas prebendas y concesiones, pero afortunadamente están surgiendo ejemplos interesantes. En Bolivia, el Parlamento aprobó la ley “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, una norma educativa que forma parte del proceso de “descolonización” de ese país, uno de los que mejor ha conservado la cultura ancestral. En la normativa se excluye a la Iglesia Católica de la formación de los docentes, debiendo cesar en esas actividades en el 2014.
Como es de sentido común, ningún contrato del estado con una empresa privada, sector o grupo de poder, es eterna: contrariamente, está sujeta a revisión permanente. Consecuentemente se han dejado sin efecto los convenios entre la Iglesia Católica y la Administración Nacional, en virtud de los cuales se daba obligatoriamente educación religiosa dentro de las escuelas.
Entre otros aspectos interesantes, la nueva norma elimina las diferencias clasistas entre los planes de estudio de la ciudad y del campo, y promueve en paralelo al “bachillerato técnico”. Los discapacitados, así como las personas con “talentos extraordinarios”, serán objeto de programas específicos, que atenderán a “sus respectivas capacidades”.
Son los descendientes de Túpac Katari que vuelven. Y son millones.
La ley
http://www.gobernabilidad.org.bo/images/stories/documentos/leyes/070.pdf
Otra opinión
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/201 … y_vh.shtml